Quizás responder a
la cuestión de qué es un ser humano sea muy pretencioso para este
escrito y para los tiempos que corren. Por lo mismo, será mejor
preguntarnos qué es aquello que nos capacita como seres humanos. Para
responder al interrogante planteado, lo más justo es recurrir a la DD.HH. y a través de su lectura ir despejando incógnitas. Así, en su preámbulo encontramos la siguiente consideración: “…
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana.”.
Acaso hoy podemos en España considerar como digna la vida de millones de personas que se arrastran por nuestra sociedad. No. Si uno tiene la preocupación de acercarse a este maravilloso texto engendrado por y para el ser humano, sufre vértigo, ira y asco a medida que va desgranando uno a uno los artículos universales allí planteados. Hoy no existe en este país igualdad en dignidad o libertad, eso quedará para las élites que puedan arrogarse este derecho. Para los miserables que mendigan, los padres y madres que no tienen con qué alimentar a sus hijos o con qué calentar el hogar, no existe siquiera una mínima aspiración a sentirse dignos o libres. Qué decir cuando un gobierno retira el derecho asistencial a miles de seres humanos cuya razón para “deshumanizarlos” reside en su pasaporte. Hablemos asimismo del derecho a ser libres y no esclavos. Cómo vamos a defender esta dirección cuando una inmensa mayoría de la población española es presa de unos condicionantes económicos que les resta todo hálito de independencia; y de la misma forma, pongamos sobre el tapete aquello de que todos somos iguales ante la ley y estamos igualmente amparados por ella. Falso, rotundamente falso. La ley sólo asiste y ampara al poderoso, y de esto bastante sabemos en España. O aquello otro del espionaje masivo a que millones de seres somos sometidos a diario por los servicios de inteligencia al servicio del poder, donde deja el derecho a la vida y la comunicación privada. En cuanto a la libertad de reunión y asociación, nuestro gobierno se encarga de socavar mediante legislación arbitraria, el derecho humano que nos asiste.
Y es cuando pasamos de la veintena de artículos que nos topamos de frente con el muro instalado ante nuestras narices en forma de cruda realidad: que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; que tenemos derecho al trabajo -sí, han leído bien-, y además a que sea remunerado de forma equitativa y satisfactoria tal que nos asegure nuestra dignidad como seres humanos; derecho a la limitación temporal del trabajo y a unas vacaciones periódicas remuneradas; derecho a vivienda, educación, alimentación, vestido, asistencia médica o servicios sociales; derecho a desempleo o a jubilación, que posibiliten preservar la dignidad como hombres y mujeres, e incluso a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Pues bien, en España, yo afirmo que estos derechos se violan cada día, en cada esquina, bloque de viviendas, centro social, educativo o médico, en cada cola del paro o puesto de trabajo, en la Bolsa de Madrid, en la sede del Gobierno de la nación y de las grandes empresas nacionales o internacionales que operan en el país, en las instituciones políticas y judiciales del estado y cada vez en mayor número de escenarios donde aquello que la solemne DD.HH. designa como ser humano concurre. Mentira que en España se cumplan estos derechos. Ruin mentira.
Si antes no se hubiera citado la pertenencia de estos derechos a un documento consensuado y firmado por la inmensa mayoría de países y sociedades del mundo, probablemente muchos seres humanos hubieran estado tentados para dejar de leer, circunscribiendo la opinión vertida al limbo de la utopía. Cierto. Mas no es utopía su declaración soberana, como tampoco lo es que nuestra Constitución, la española, la de casa, se arropa y somete a ésta. Así, en el preámbulo del texto constitucional patrio se nos dice que es voluntad de la solemne carta “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos…” y obligación del Gobierno del estado español hacer que se cumpla.
¿Qué ocurre pues? Como casi siempre, la respuesta es la más obvia. Hemos dejado de pertenecer al imperio de los derechos humanos para bajar de nuevo al infierno de la barbarie. Nuestros derechos humanos y constitucionales son despreciados y rotos por aquellos que nos gobiernan desde las instituciones políticas (Gobierno de España, UE, Banco Central Europeo) al dictamen y servicio del verdadero poder: el económico y financiero. Han barrido nuestros derechos, los que nos califican como hombres y mujeres, y de paso, nuestra condición de seres humanos. Pero yo reivindico mi derecho, nuestro derecho, a ser humano y ser tratado como tal; por ello invoco la declaración que me nombra soberano y por ello enarbolo como un arma las palabras allí recogidas, y considero “… esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Esta es mi exigencia y estos mis argumentos.
Jorge Alcázar, miembro del Colectivo Prometeo y del Frente Cívico Somos Mayoría
Acaso hoy podemos en España considerar como digna la vida de millones de personas que se arrastran por nuestra sociedad. No. Si uno tiene la preocupación de acercarse a este maravilloso texto engendrado por y para el ser humano, sufre vértigo, ira y asco a medida que va desgranando uno a uno los artículos universales allí planteados. Hoy no existe en este país igualdad en dignidad o libertad, eso quedará para las élites que puedan arrogarse este derecho. Para los miserables que mendigan, los padres y madres que no tienen con qué alimentar a sus hijos o con qué calentar el hogar, no existe siquiera una mínima aspiración a sentirse dignos o libres. Qué decir cuando un gobierno retira el derecho asistencial a miles de seres humanos cuya razón para “deshumanizarlos” reside en su pasaporte. Hablemos asimismo del derecho a ser libres y no esclavos. Cómo vamos a defender esta dirección cuando una inmensa mayoría de la población española es presa de unos condicionantes económicos que les resta todo hálito de independencia; y de la misma forma, pongamos sobre el tapete aquello de que todos somos iguales ante la ley y estamos igualmente amparados por ella. Falso, rotundamente falso. La ley sólo asiste y ampara al poderoso, y de esto bastante sabemos en España. O aquello otro del espionaje masivo a que millones de seres somos sometidos a diario por los servicios de inteligencia al servicio del poder, donde deja el derecho a la vida y la comunicación privada. En cuanto a la libertad de reunión y asociación, nuestro gobierno se encarga de socavar mediante legislación arbitraria, el derecho humano que nos asiste.
Y es cuando pasamos de la veintena de artículos que nos topamos de frente con el muro instalado ante nuestras narices en forma de cruda realidad: que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; que tenemos derecho al trabajo -sí, han leído bien-, y además a que sea remunerado de forma equitativa y satisfactoria tal que nos asegure nuestra dignidad como seres humanos; derecho a la limitación temporal del trabajo y a unas vacaciones periódicas remuneradas; derecho a vivienda, educación, alimentación, vestido, asistencia médica o servicios sociales; derecho a desempleo o a jubilación, que posibiliten preservar la dignidad como hombres y mujeres, e incluso a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Pues bien, en España, yo afirmo que estos derechos se violan cada día, en cada esquina, bloque de viviendas, centro social, educativo o médico, en cada cola del paro o puesto de trabajo, en la Bolsa de Madrid, en la sede del Gobierno de la nación y de las grandes empresas nacionales o internacionales que operan en el país, en las instituciones políticas y judiciales del estado y cada vez en mayor número de escenarios donde aquello que la solemne DD.HH. designa como ser humano concurre. Mentira que en España se cumplan estos derechos. Ruin mentira.
Si antes no se hubiera citado la pertenencia de estos derechos a un documento consensuado y firmado por la inmensa mayoría de países y sociedades del mundo, probablemente muchos seres humanos hubieran estado tentados para dejar de leer, circunscribiendo la opinión vertida al limbo de la utopía. Cierto. Mas no es utopía su declaración soberana, como tampoco lo es que nuestra Constitución, la española, la de casa, se arropa y somete a ésta. Así, en el preámbulo del texto constitucional patrio se nos dice que es voluntad de la solemne carta “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos…” y obligación del Gobierno del estado español hacer que se cumpla.
¿Qué ocurre pues? Como casi siempre, la respuesta es la más obvia. Hemos dejado de pertenecer al imperio de los derechos humanos para bajar de nuevo al infierno de la barbarie. Nuestros derechos humanos y constitucionales son despreciados y rotos por aquellos que nos gobiernan desde las instituciones políticas (Gobierno de España, UE, Banco Central Europeo) al dictamen y servicio del verdadero poder: el económico y financiero. Han barrido nuestros derechos, los que nos califican como hombres y mujeres, y de paso, nuestra condición de seres humanos. Pero yo reivindico mi derecho, nuestro derecho, a ser humano y ser tratado como tal; por ello invoco la declaración que me nombra soberano y por ello enarbolo como un arma las palabras allí recogidas, y considero “… esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Esta es mi exigencia y estos mis argumentos.
Jorge Alcázar, miembro del Colectivo Prometeo y del Frente Cívico Somos Mayoría
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
“La
autogestión en la España revolucionaria” (1977) y “Autogestión y
anarcosindicalismo en la España revolucionaria” (2005) son los dos
trabajos más relevantes del historiador anarquista francés, Frank Mintz.
Ha dedicado muchos años a estudiar las colectividades y la “Revolución”
anarquista que se produjo durante la guerra civil española. Después de
34 años ejerciendo como profesor de castellano, el investigador (ya
jubilado) vende libros de segunda mano para financiar una pequeña
editorial (en la que trabaja con tres compañeros) y que tiene en
proyecto traducir al francés la “Historia de la CNT”, de José Peirats.
En su currículo resalta la publicación y traducción de textos sobre los
“clásicos” del anarquismo (Bakunin, Gorelik, Kropotkin, Berneri, entre
otros). Mientras, asesora al sindicato de la construcción de
CNT-Solidaridad Obrera.